El TSJCV confirma la condena a un exconcejal de Quartell

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levante.com

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado la sentencia por prevaricación y malversación a un «zombi» de Imelsa que, en realidad, ejercía de asesor de un diputado provincial. Los dos condenados por estos hechos son Francisco Huguet (exalcalde de Quartell y exdiputado provincial) y Emilio Máñez, exconcejal de esta misma localidad del Camp de Morvedre y que ejerció de asesor de Huguet durante ocho años. Ambos han sido condenados a dos años y medio de prisión y a devolver a Divalterra (la empresa pública de la Diputación de València y heredera de la antigua Imelsa) los salarios indebidamente percibidos por Mañez como asesor de Huguet desde agosto de 2003 a agosto de 2007.

La irregularidad por la que ambos fueron condenados fue una práctica habitual en Imelsa durante años: el entonces gerente de Imelsa, Rafael Soler (para quien estos hechos habrían prescrito, por lo que no se le ha juzgado), contrató en 2003 a Mañez como brigadista de Imelsa (ante la imposibilidad de hacerlo con la nueva legislatura como asesor), pero en realidad ejercía de asesor de Huguet en la diputación. Ambos condenados, también están procesados por su implicación en el caso Avialsa, que investigaba el presunto trato de favor por parte de la Conselleria de Gobernación a la empresa de extinción de incendios, que regó presuntamente con regalos al entonces conseller, Serafín Castellano y sus hombres de confianza en el Camp de Morvedre, Huguet y Máñez.

Tras ser condenados por la sección quinta de la Audiencia de València por el contrato zombi a Máñez, los dos exregidores de Quartell recurrieron en apelación ante el TSJCV, que ha rechazado todos sus argumentos, en una sentencia dictada por los magistrados Pilar de la Oliva, Antonio Ferrer y Pía Calderón, que ha ejercido de ponente. La sentencia, además de ser la primera en la que tanto la Audiencia como el TSJCV se pronuncian sobre los contratos irregulares que se realizaron durante años en Imelsa, supone una avanzadilla de los criterios judiciales que se seguirán en dos causas aún en instrucción. La primera, correspondiente a una pieza separada del caso Taula, investiga los contratos zombis en Imelsa durante la gerencia de Marcos Benavent y la presidencia de Alfonso Rus en la Diputación de València. La segunda está relacionada con las contrataciones de altos cargos en Divalterra, ya bajo la presidencia de Jorge Rodríguez, en el bautizado como caso Alquería.

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