El Tribunal Supremo da la razón a los bancos y falla que el cliente pague el impuesto de las hipotecas

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La banca gana. El Tribunal Supremo ha vuelto a la casilla de salida y ha dado marcha atrás en su polémica decisión sobre quién debe hacerse cargo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados al contratar una hipoteca: finalmente serán los clientes y no las entidades financieras quienes tendrán que seguir pagando el tributo.

La jurisprudencia que estableció que el impuesto de las hipotecas lo pagaban los bancos no ha llegado a los 20 días de vida. El Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado, tras dos jornadas completas de deliberaciones y en una competa división, que las cosas vuelvan al momento anterior al derrumbe en Bolsa de las entidades financieras. Es decir, a que quien paga el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados es el que solicita el crédito.

La votación ha mostrado un Tribunal Supremo partido por la mitad: 15 magistrados votaron por volver a la situación anterior y 13 por ratificar lo decidido el pasado 18 de octubre por la Sección Segunda. La votación ha sido tan ajustada que, sobre el papel, si hubieran participado los tres magistrados presentes el resultado podía haber sido otro.

Al final de la tarde, el presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, propuso junto con la magistrada Pilar Teso una primera votación para respaldar que pagasen las entidades financieras pero sin retroactividad alguna. Es decir, sólo en las nuevas hipotecas. La opción, defendida por el presidente como una especie de solución de consenso, fue rechazada.

Díez-Picazo optó entonces por votar directamente la estimación o no de los recursos que pedían que pagasen los bancos. Algunos magistrados querían tratar más a fondo el asunto de la retroactividad, pero el presidente ordenó la votación definitiva. Por su cargo, él era el último en votar y el resultado que le llegó era de 14 a 13. Si ratificaba la decisión dictada hace dos semanas por la Sección Segunda había empate. Pero una vez rechazada su opción preferida de que paguen los bancos sin retroactividad, prefirió volver a la doctrina clásica: 15 a 13 a favor de lo que pedían las entidades financieras.

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